Hay una inexplicable tardanza para poner en práctica los mandatos de la Ley 879 de diciembre de 2016
Ha transcurrido casi medio año de la promulgación de la Ley 879 del 23 de diciembre de 2016 que crea una “Comisión para establecer la Verdad, la Justicia y la Reparación por los crímenes del periodo dictatorial” (del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982). Hay una inexplicable tardanza para poner en práctica los mandatos de esta ley, pues hasta la fecha el presidente Morales no ha designado a sus cinco integrantes. Mientras esto ocurra, y ojalá sea pronto, aquí van algunas pistas y reflexiones a tomar en cuenta.
El periodo abarcado incluye, inexorablemente, años como 1965, en el que tuvieron lugar en mayo y septiembre confrontaciones violentas del Estado con el movimiento sindical, especialmente minero. También 1970, en el que se produjo la Guerrilla de Teoponte. Y por supuesto 1967, año de la Masacre de San Juan y la Guerrilla de Ñancahuazú. Estos hechos ocurrieron en el periodo señalado y no hay razón alguna para excluirlos del análisis. Estaban vigentes la Constitución aprobada ese mismo año y que suprime la pena de muerte. Las leyes y los derechos humanos y humanitarios nunca estuvieron ni podían estar en suspenso, por más que se tratara de guerras irregulares.
Mayo y septiembre del 1965 así como Teoponte ameritan un estudio pormenorizado. Sobre San Juan, en días pasados se conocieron varios lacerantes testimonios que correspondería sistematizar y guardar, junto a los ya existentes. La Ley 879, en su artículo 7, dispone sin lugar a equívocos la necesaria “desclasificación de los documentos militares, policiales y de otro tipo”. Y aunque esto tampoco ha sucedido todavía, solamente repasando los libros publicados por autores militares es posible establecer varios hechos punibles durante las guerrillas de Ñancahuazú. Como suele decirse en términos abogadiles: “a confesión de parte, relevo de pruebas”.
Jorge Vázquez Viaña, Loro o Bigotes (hijo del historiador Humberto Vázquez Machicado), capturado herido en abril de 1967, interrogado bajo torturas fue después fusilado “detrás del hospital de Choreti”, como lo confiesa en su libro La Campaña de Ñancahuazú Luis Reque Terán, entonces comandante la IV División de Ejército asentada en Camiri.
Julio Velasco Montaño, trabajador minero de San José, capturado el 23 de mayo en Iti, fue torturado y fusilado. Dice el subteniente Monje, citado por Néstor Ruiz Paz en su libro Amor y Guerra, que recibió la orden de sacarle información y luego eliminarlo. Las reprimendas posteriores no fueron por haberlo matado, sino por no haberle arrancado mayor información.
Fredy Maymura Hurtado, médico beniano recién graduado en Cuba, fue capturado con vida en la emboscada de Puerto Mauricio (conocida como Vado del Yeso) el 31 de agosto, lo afirman Reque Terán y también Gary Prado Salmón en su libro La guerrilla inmolada. José Restituto Cabrera Flores, alias Negro, médico peruano, logró escapar por el río, fue capturado y ultimado días más tarde por efectivos de la IV División, las versiones militares son coincidentes.
Sobre los fusilados el 9 de octubre en La Higuera, Ernesto Guevara y Simeón Cuba, ninguna fuente castrense sostiene la mentira inicial de que murieron en combate. Todos coinciden en que fueron fusilados “por orden superior”. La versión más contundente, acompañada de fotos del Che con vida y del calificativo de “muerte innoble”, es la del entonces jefe de la Inteligencia militar boliviana, Federico Arana Serrudo, en su libro Che Guevara y otras intrigas. Acerca de Aniceto Reynaga, muerto en la misma ocasión, hay nueva información que compartiremos en nuestra próxima columna.
La mentada Comisión de la Verdad debería propiciar cuando menos una condena moral para los autores materiales e intelectuales de la tortura y el asesinato de prisioneros.